A diferencia de Magallanes, en donde existió una inversión estatal en la construcción de las redes de distribución, en el resto de Chile esta industria ha crecido de la mano de la inversión, y riesgo, del sector privado, señala en entrevista con la revista “Cuenta Conmigo” el director ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Gas Natural, Carlos Cortés Simón, gremio que agrupa a las cuatro principales empresas del sector y que, en su conjunto, atienden a más de 717 mil clientes residenciales, comerciales e industriales en el país.
– Desde el punto de vista de la matriz energética, ¿qué incidencia tienen hoy el gas natural en Chile?
Según el último balance energético elaborado por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la participación del gas natural en el consumo total país (en Tera Calorías) llegó al 13,45% en el año 2013, considerando sólo las energías primarias. La participación del petróleo crudo fue de 30%; seguido por leña y biomasa (29%) y el carbón (22,2%).
Cabe señalar que la participación del gas natural en el consumo del sector comercial, público y residencial en 2013 se aproximó sólo al 7,9%, versus un 47% para la leña y biomasa; un 25% para la electricidad y un el 20% para los derivados del petróleo, fundamentalmente gas licuado de petróleo (GLP), con un 14%.
– De acuerdo a la experiencia del sector privado, ¿cómo calificaría el desarrollo de la industria del gas en Chile y cuáles han sido sus principales aportes para las familias y la actividad económica del país?
El desarrollo de la industria del gas natural en Chile ha generado importantes beneficios económicos para el país. Sólo en la Región Metropolitana, entre los años 2000 y 2013 el ahorro ha sido del orden de US$ 407 millones por concepto de reducción de la contaminación, otros US$ 450 millones de ahorro para los hogares y US$ 730 millones de ahorro para las empresas.
– El Gobierno ha planteado la necesidad de ampliar la oferta de gas natural en la zona centro-sur de Chile. ¿Cómo se puede desarrollar este anhelo en forma conjunta entre el Estado y el sector privado?
Antes de aumentar la oferta de gas natural en la zona centro-sur del país es necesario que existan condiciones de mayor demanda. En ese sentido, las regulaciones medioambientales y administrativas para el desarrollo de proyectos deberían contribuir a que eso ocurra. En otras palabras, es importante que el Estado establezca estándares ambientales y condiciones normativas simétricas que permitan al gas natural competir en igualdad de condiciones con las otras opciones de combustibles.
– ¿Tiene sentido que el Estado se haga cargo de la distribución de gas natural cuando el sector privado lo hace eficientemente?
En Chile la industria del gas natural de ha desarrollado con inversión 100% privada, siendo el único caso del mundo en que los privados han asumido todos los riesgos. Creemos que no tiene sentido que el Estado se haga cargo de esta actividad: las empresas han sido capaces de poner en marcha un sector que ha traído valiosos aportes para el país, de manera eficiente. Por lo tanto, no se observan razones para innovar a este respecto
– En Magallanes existe una estrechez en el suministro de gas natural. ¿Cómo afecta esto a la hora de concretar una inversión?
Actualmente existe un interés manifiesto tanto de Enap como de diversas empresas privadas por la búsqueda de nuevas fuentes de suministro de gas en la zona; además, con la colaboración de las agencias especializadas, especialmente del gobierno de Estados Unidos, se está avanzando en la cuantificación de los recursos gasíferos no convencionales, los que podrían servir para reimpulsar este sector en la región de Magallanes, la que sabemos ha atravesado por una situación bastante estrecha en los últimos años. Cabe recordar que, en el marco de la Agenda de Energía anunciada en mayo pasado, el gobierno se ha comprometido a fortalecer el rol de Enap como empresa de hidrocarburos en el país, profundizando su participación en la exploración y explotación de estos recursos, con un esfuerzo especial en la cuenca de Magallanes, en petróleo y gas no convencional.
– Para una industria como la del gas natural, ¿cómo afecta el cambio de reglas de juego en términos de normas y tarifas?
En nuestro país la distribución de gas natural enfrenta dos realidades distintas. Por una parte está la región de Magallanes, la que cuenta con recursos propios de gas y un desarrollo de larga data de esta actividad, con condiciones regulatorias similares a las que rigen a los demás servicios básicos, como la electricidad o el agua potable. El resto del país, en tanto, enfrenta un escenario totalmente distinto. De partida, porque no se dispone de fuentes propias de gas sino que se debe importar por vía marítima a un precio muy superior al del gas local. Esto, sumado a condiciones climáticas mucho más benignas que no aseguran un consumo importante (sólo en Magallanes hay temperaturas mínimas promedio bajo 10°C durante todo el año) y a la existencia de diversas opciones de combustibles sustitutos (GLP, parafina, electricidad, etc.), ha ameritado la aplicación de un tratamiento regulatorio distinto, caracterizado por un régimen de libertad tarifaria pero con un techo de rentabilidad (y por ende un margen acotado) que busca resguardar un nivel de tarifas razonable para los usuarios. En la medida que todo este escenario competitivo se mantiene, no vemos razones que justifiquen un cambio mayor en la regulación sectorial. Sin perjuicio de lo anterior, hay vacíos en la actual legislación que requieren una solución legislativa, tal como lo señala la Agenda de Energía presentada por el gobierno en mayo del presente año.
Fuente: Revista “Cuenta Conmigo”, de Gasco Magallanes, edición diciembre 2014
