(Revista Induambiente, agosto/septiembre 2016). Cada año fallecen en forma prematura más de siete millones de personas en el mundo a causa de enfermedades vinculadas con la contaminación ambiental, estima la Organización Mundial de la Salud. Un problema del cual Chile no escapa y que se manifiesta en los peligrosos indicadores de calidad del aire que exhibe la mayoría de nuestras ciudades de la zona centro sur.
En el caso de Santiago, el gobierno ha anunciado que a partir de 2017 se prohibirá la comercialización y uso de leña para calefacción en las zonas urbanas, medida que a nuestro juicio va en la dirección correcta, toda vez que combustión de leña es una de las principales fuentes emisoras de material particulado fino (MP2.5), el agente más dañino para la salud de la población, especialmente niños y adultos mayores.
Sin embargo, hay otro tipo de actividades que también contribuyen a la crítica situación ambiental de la ciudad, como es la mala calidad del transporte público y el fuerte incremento del parque de vehículos livianos, con alta penetración del diésel (en especial en flotas comerciales). Diversos estudios estiman que un tercio de las emisiones de MP2,5 en la capital es generado por el sector transporte.
Lo anterior tiene mucho que ver con la “dieselización” del parque, fenómeno que en Chile ha sido estimulado en gran medida por una distorsión tributaria que favorece al diésel frente a otros combustibles vehiculares. En comparación con el gas natural vehicular (GNV), el impuesto específico del diésel es aproximadamente un 35% más bajo. En otras palabras, vía menores impuestos se premia al combustible más contaminante de todos.
Es cierto que el diésel que se utiliza en el país ha reducido de manera importante su contenido de azufre, no obstante ello dista mucho de solucionar el problema de las emisiones, toda vez que existe otro elemento relevante, como es el factor de deterioro de los motores que usan esta tecnología que, de ser mal mantenidos, termina por afectar la emisión final. De hecho, en muchas partes de la ciudad podemos observar que buses del Transantiago, camiones de transporte pesado y otras flotas siguen siendo una verdadera “locomotora a carbón”, pese a ocupar un diésel de 15 ppm de azufre que ha significado al Estado enormes inversiones en infraestructura.
Si se quiere hacer una contribución real a la reducción de emisiones contaminantes en el país y de esta manera contribuir a ahorrar millones dólares al siempre congestionado sistema de salud estatal, se requieren políticas públicas que promuevan una participación proactiva de tecnologías limpias tanto en la matriz de calefacción residencial como en la de transporte.
El gas natural es un energético limpio, versátil y con seguridad de suministro que debiera considerarse como una solución costo efectiva capaz de hacer aporte al problema de contaminación atmosférica que afecta a gran parte del país desde Santiago al sur. Sin embargo, para ello es esencial que se le reconozcan de una vez por todas las externalidades positivas (beneficio ambiental) que su uso genera especialmente en términos de salud y calidad de vida de la población.
Fuente: Revista Induambiente Nº141