El sector del transporte es una las fuentes que más aporta a las emisiones y es por ello que en el último tiempo ha cobrado especial fuerza la necesidad de avanzar hacia la movilidad sostenible mediante el uso de combustibles alternativos de cero o baja emisión. Es una tendencia mundial de la cual Chile no está ajena, contexto en el cual se insertan, por ejemplo, los esfuerzos del gobierno por impulsar la electromovilidad en el transporte público de la capital.
El próximo proceso de licitación del Transantiago supone la renovación de la flota total de buses, estimada en unos 6.500 vehículos. De ese universo, de acuerdo a lo informado preliminarmente por las autoridades la cuota de buses eléctricos que se incorporaría sería de unas 500 máquinas, mientras el restante espacio de mercado sería cubierto, de no mediar cambios de fondo, por buses a diésel. Lo anterior no se condice con los planes de reducción de emisiones comprometidos por la actual Administración y representa un contrasentido ambiental, toda vez que el diésel es el más contaminante de todos los combustibles vehiculares con un alto factor de deterioro de las emisiones en el tiempo.
Es importante que la opinión pública tenga claro que el gas natural es una tecnología limpia, madura y disponible en Chile, y que además cumple con todos los factores de competitividad exigibles a un combustible alternativo para el transporte público.
Así lo demuestran los esfuerzos que están realizando países en Asia como también europeos como es el caso de Alemania, Francia y España, entre otros, por fomentar su uso en el sector transporte en general. El parque de vehículos que funcionan con gas natural en el mundo se aproxima a los 25 millones, y en Chile la cifra no supera las 8.500 unidades –entre taxis y flotas comerciales–, en Santiago y en Punta Arenas. En esta última ciudad, además, opera desde el año 2010 una flota de 84 buses del transporte público, cuyos beneficios en términos ambientales, de comodidad y nula contaminación acústica han sido públicamente reconocidos por los usuarios.
Es importante señalar que la industria del gas natural en Chile cuenta con la experiencia, recursos y voluntad necesarios para desarrollar las potencialidades de la movilidad a gas natural. Pero para concretar ese entusiasmo es imprescindible contar con reglas claras y sin discriminaciones respecto a otros combustibles. En este ámbito abogamos principalmente por la modificación del régimen impositivo que afecta al gas vehicular, ya que el tratamiento tributario vigente lo sitúa en desventaja frente al diésel, lo que en la práctica le hace imposible competir. Esto permitiría fomentar la sana competencia entre más tipos de combustibles, con los consiguientes beneficios económicos y ambientales para los usuarios, y evitaría la excesiva dieselización del parque automotor en general.
Es relevante destacar también que Chile tiene el impuesto al diésel más bajo de los países OCDE y en la fijación de estos tributos no se consideran las externalidades negativas asociadas a las emisiones de los distintos tipos de combustibles vehiculares.
Cuando estamos ad portas de un nuevo proceso de renovación de buses del transporte público capitalino, creemos que es el momento propicio para apostar por el gas natural. Darle al gas natural una oportunidad para limpiar el sector del transporte, con los consiguientes beneficios ambientales que ello reportaría para la salud y calidad de vida de los chilenos, es cuestión de voluntad política, pues no hay razones técnicas que justifiquen dejarlo fuera de este gran desafío país que es avanzar hacia una movilidad sostenible.
Fuente: AGN