Chile se ha planteado el propósito de descarbonizar su matriz energética. Lo ha hecho con decisión y con diversos anuncios referidos a la salida del parque generador más contaminante, como es el carbón, que muchas veces se confunde o iguala -equívocamente- con el aporte y externalidades del diésel o el gas natural.
Pocas dudas quedan de la necesidad de reducir las emisiones de gases efecto invernadero y contaminantes locales, sin embargo, esta transición no se da por arte de magia, sino todo lo contrario: requiere de señales claras para permitir que el proceso sea sostenido por infraestructura y recursos energéticos capaces de dar seguridad al sistema y, a su vez, reduzcan significativamente la emisión de gases contaminantes, siendo el gas natural -cuyo uso para generación eléctrica representa solo el 47% de la demanda total de este energético a nivel país- prácticamente el recurso más costo efectivo capaz de cumplir con ambas condiciones, y como ha señalado la Agencia Internacional de Energía, se constituye en el combustible de la transición energética.
Pese a esto, la industria del gas natural ha vivido en los últimos meses en una profunda incertidumbre regulatoria, justamente cuando la necesidad apunta en sentido contrario. Luego de más de un año de duración del proceso de revisión y formulación de una nueva versión de la normativa para la Programación y Coordinación de la Operación de Unidades que utilicen Gas Natural Licuado Regasificado, periodo en el cual se acumuló incertidumbre que se creía superada con la nueva Norma Técnica dictada en octubre de 2021, regresamos durante un corto período -afortunadamente- a fojas cero, debido a una peregrina medida precautoria inicialmente acogida por el TDLC, que dejaba sin efecto la regulación económica aplicable a los volúmenes de gas natural inflexible, en un ambiente de competencia entre los diferentes actores.
De haber aplicado extendidamente la medida cautelar, ésta no sólo hubiera tenido nocivos efectos económicos en la operación del mercado eléctrico, sino que además hubiera puesto en riesgo el abastecimiento de los próximos meses, al introducir una señal negativa, conduciendo a que los agentes internalizaran y probablemente pausaran sus esfuerzos por contar con volúmenes de GNL mayores a los ya comprometidos para el año 2022, o incluso peor aún, pudiendo causar incentivos a redirigir volúmenes ya nominados en el contexto de fuerte escasez global y del decreto preventivo de racionamiento vigente a nivel local.
El cuadro anterior por cierto va en contra de los esfuerzos que están realizando las autoridades sectoriales, en donde dada la magnitud de la estrechez y probabilidad de déficit, se pretende revisar y retrasar la salida del parque a carbón.
Adicionalmente, es muy preocupante que las señales recientes sobre el abastecimiento de GNL puedan redundar en una mayor demanda por diésel, en circunstancias que en la actualidad no existen condiciones comerciales ni físicas para asegurar una disponibilidad de este derivado del petróleo. La incierta capacidad de inventarios y logística de este insumo constituye un riesgo relevante que impide asegurar el suministro permanente que podría requerir el sistema eléctrico durante el presente año y los años venideros.
También preocupa un tema aún más de fondo. Resulta alarmante que cuando más relevante es el rol del gas natural, se haya planteado una medida cautelar que dificulta el acceso al mismo, aumentando el riesgo de incurrir en elevados costos o de no poder abastecer completamente la demanda en el sistema eléctrico.
Sin un rol preponderante del gas natural en nuestra matriz por las próximas décadas, se ponen en riesgo las metas de descarbonización y compromisos ambientales que nuestro país ha adoptado. Por otro lado, los efectos derivados de la pandemia han redundado en un contexto internacional de estrechez en el mercado global de GNL, lo cual desafía la posibilidad de conseguir envíos de oportunidad económicamente viables, y valoriza el aprovechamiento máximo de los contratos existentes, tan necesarios para asegurar el suministro del 2022, a bajo costo y con bajas emisiones.
En síntesis, es una necesidad de corto plazo el contar con abundante GNL en nuestro país, para así facilitar el aseguramiento del suministro de energía en un año 2022 de alta estrechez energética, local y global. Y más a largo plazo, es imprescindible otorgar certeza jurídica para el uso del GNL y así evitar el retraso en el cierre de las centrales a carbón y el uso intensivo de diésel. Estos últimos escenarios implicarían mayores emisiones de CO2 y de contaminantes locales, y posibles mayores costos económicos. Por su parte, facilitar la disponibilidad de gas natural contribuiría a concretar armónicamente los planes y metas de descarbonización.
Carlos Cortés Simon, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Gas Natural
Revista Electricidad
