Chile enfrenta una crisis de contaminación: cinco de las diez ciudades más contaminadas de Latinoamérica se encuentran en el país, con niveles de material particulado muy por sobre lo recomendado por la OMS. Es de máxima prioridad avanzar en soluciones claves que pongan, en primer lugar, la salud de la población y la sostenibilidad del país.
Con extrema preocupación hemos visto el último informe de la compañía suiza IQAir, que confirma una realidad que no podemos seguir normalizando: cinco de las diez ciudades más contaminadas de Latinoamérica están en Chile, concentradas principalmente en la zona centro-sur. Estas localidades registran niveles de material particulado fino (PM2.5) que superan hasta cinco veces los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que representa un riesgo significativo para la salud pública.
El diagnóstico es claro y el principal culpable también: según datos del Ministerio del Medio Ambiente, la leña es responsable de cerca del 85% de las emisiones de PM2.5 en la zona centro-sur del país. Este problema, que arrastramos desde hace décadas, requiere un enfoque integral y sostenido en el tiempo, con políticas que promuevan alternativas energéticas menos contaminantes y medidas concretas de reducción de emisiones.
La urgencia es evidente. De acuerdo con el Lancet Countdown South America 2024, la mala calidad del aire provoca cerca de 4.500 muertes prematuras al año en Chile. Esto no solo se traduce en costos sociales y humanos, sino también en un impacto económico importante para el sistema de salud y la productividad del país. Esto justo en tiempos en que hablamos de la urgencia de reactivar una economía que lleva más de 10 años en el estancamiento.
En este contexto, es clave diversificar la matriz energética con opciones más limpias, eficientes y accesibles para cada sector. Entre ellas, el gas natural puede jugar un rol relevante en la transición, especialmente en sectores intensivos en el uso de combustibles como la generación eléctrica, la industria, la calefacción residencial y el transporte. Además de reducir las emisiones de material particulado y otras sustancias nocivas, su uso permite mejorar la seguridad energética y generar ahorros significativos en las comunidades.
Su incorporación, junto con otras estrategias de reducción de emisiones, como la electrificación progresiva y la eficiencia energética, puede contribuir de manera importante a construir un sistema más sustentable y resiliente.
Además, hacernos cargo de la grave situación de la leña en Chile, es llevar a un plano más local e inmediato la discusión sobre medio ambiente y desarrollo sostenible. Esto lo menciono porque en los últimos años la discusión sobre el desarrollo del sector energético en Chile se ha enfocado, quizás demasiado, en el impacto global de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). No podemos permitir que esto oculte -como lamentablemente ha estado ocurriendo- otro problema urgente, que afecta de manera directa y cotidiana a millones de personas: la calidad del aire en nuestras ciudades.
Así, nuestro país debe asumir —la vida de chilenas y chilenos está en juego— que el desafío es doble: contribuir a la reducción de emisiones globales de GEI y, al mismo tiempo, mejorar de manera urgente la calidad del aire para la ciudadanía. Aunque nuestro aporte global en CO2 es reducido, la contaminación local es un problema crítico que requiere soluciones concretas.
Debemos poner todas las opciones sobre la mesa. En este sentido, la sustitución de la leña por gas natural en el sur del país es una estrategia probada y eficaz para mejorar la calidad del aire y reducir las enfermedades respiratorias asociadas. A largo plazo, la transición hacia gases renovables y otras tecnologías limpias puede consolidar un modelo energético aún más eficiente y alineado con los compromisos climáticos internacionales de Chile.
No podemos seguir postergando decisiones clave que afectan la salud, la calidad de vida y el bienestar de millones de personas. Chile tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de aprender de experiencias internacionales exitosas y de implementar políticas públicas que aceleren la transición energética, priorizando tanto la sostenibilidad global como la salud de su población.
Por: Carlos Cortés Simon, Presidente Ejecutivo de la Asociación de Empresas de Gas Natural
