Por académicos Raúl O’Ryan, EARTH Center de la Universidad Adolfo Ibáñez/Mauricio Osses, Universidad Técnica Federico Santa María.
(Carta al director de El Mercurio). La renovación del parque de buses del Transantiago que se llevará adelante en dos licitaciones en los próximos dos años es una oportunidad única para probar e incorporar tecnologías que permitan reducir emisiones de material particulado (MP) y óxidos de nitrógeno (NOx), contaminantes responsables de cerca de cuatro mil muertes prematuras al año en Chile. Esta renovación considera una opción para incorporar buses de cero y bajas emisiones (eléctrico, híbridos, gas natural), pero los mayores costos de estos vehículos podrían implicar mayores subsidios o tarifas para el sistema. Llegar a un equilibrio razonable requiere de una política pública cuidadosamente diseñada y evaluada que involucre a los ministerios de Transportes, Energía, Medio Ambiente y Hacienda.
El mayor problema para una buena decisión es la falta de información precisa sobre emisiones, factores de deterioro y costos en las condiciones propias de Santiago. Proponemos, por ello, que la renovación del parque se entienda como un proceso en dos etapas, donde la primera licitación sirva como una prueba de tecnologías de interés, permitiendo que buses eléctricos, híbridos, a gas natural y diésel Euro 6 puedan compararse.
Una vez medidos, en la segunda licitación se pueden establecer las condiciones que facilitarían la incorporación de vehículos más limpios, premiando con un puntaje adicional a aquellos que aseguren una menor emisión efectiva o alternativamente castigando a aquellos que emiten más.
Por otra parte, sería necesario asegurar que todas las tecnologías compitan en iguales condiciones en cuanto a su tratamiento impositivo. Hoy el gas natural paga un impuesto superior al de los vehículos diésel, lo que dificulta que esta tecnología vehicular pueda competir. Un reciente estudio elaborado por los autores para la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN) concluye que una reducción de al menos 25% de este impuesto para usos en transporte permitiría al Estado recaudar lo mismo en impuestos con tecnologías vehiculares a gas que con tecnologías diésel. Si bien lograr acuerdo sobre este impuesto se ve difícil para la primera licitación, por lo corto de los plazos, ello debiera ser una condición a incorporar en la segunda licitación
Los últimos anuncios respecto de las bases de licitación sugieren que se estarían mezclando objetivos al agrupar tecnologías que reducen emisiones con otras que aumentan el confort de los pasajeros bajo un mismo concepto de “atributos especiales”. Creemos que ello se puede corregir sin modificaciones mayores a lo que se está proponiendo: (1) obligando a que un número mínimo de buses por concesión sea eléctrico; (2) otro número mínimo sea a gas natural o híbrido; y (3) otro sea para buses con alto estándar de confort. Además, (4) se debieran medir los vehículos de cada nueva tecnología con un número equivalente diésel Euro 6 para poder compararlos. En paralelo, y antes de la siguiente licitación, (5) se debiera lograr acuerdo con el Ministerio de Hacienda para proponer un tratamiento impositivo ingreso neutral para el gas natural, así como (6) definir un sistema de puntajes para la siguiente licitación que incorpore las mejoras en calidad ambiental esperadas.
El resultado final de este proceso sería una activa participación por parte de oferentes de buses más limpios, una reducción de emisiones del sistema de transporte y un costo -y por tanto subsidios- que se puede mantener bajo control. Pero más importante, se generaría la información requerida para que una segunda licitación se pueda diseñar mejor.
