(Pulso, 02.12.2015).En los últimos años, los fabricantes automotrices, especialmente los europeos, han realizado múltiples esfuerzos para posicionar al diésel como un combustible limpio y eficiente en materia de emisiones. Sin embargo, el llamado “escándalo Volkswagen” que salió a la luz pública hace algunas semanas (una intervención dolosa de los motores diésel, para que estos reportaran menores emisiones en los controles que realizan las autoridades de transporte en Estados Unidos y Europa), puso de manifiesto que la combustión del diésel, incluso con la mejor tecnología disponible, genera emisiones de contaminantes, básicamente óxidos de nitrógeno (NOx) y material particulado fino (MP2,5), muy superiores a lo que informan los fabricantes.
Nuestro país no está ajeno a la “dieselización” del parque automotor, un fenómeno que ha venido creciendo a pasos agigantados, con las consiguientes externalidades negativas en materia ambiental y de salud pública.
Diversos estudios han confirmado que, al menos en Santiago, un tercio de las emisiones de MP2,5 proviene de las fuentes móviles, lo que en gran medida deriva de la alta participación del diésel. Ante esta realidad, urge avanzar hacia una matriz vehicular más limpia, fomentando la incorporación masiva de combustibles de bajas emisiones, contexto en el cual el gas natural representa una opción disponible y amigable con el medioambiente.
No obstante, el gas natural enfrenta una fuerte barrera de entrada en todos los segmentos del transporte -buses de locomoción colectiva, vehículos pesados y flotas comerciales-, la que está dada por una estructura impositiva distorsionada que no le permite competir en igualdad de condiciones frente al diésel, toda vez que este último está afecto a un impuesto específico que es 37% más bajo.
En otras palabras, en Chile se incentiva el uso del diésel mediante una “ventaja” tributaria que lo hace mucho más competitivo frente a las demás opciones, pese a ser el más sucio de todos, lo que representa un contrasentido ambiental.
Es así como actualmente en Chile existe una alta oferta de vehículos livianos a diésel, incluyendo modelos de lujo; es decir, este combustible ya no solo es “privilegio” de camionetas o vehículos para trabajar. Basta observar también cómo han aumentado los dispensadores de diésel en las estaciones de servicio que antes estaban destinadas mayoritariamente al expendio de gasolina (sobre el 90%), en tanto las ventas de este combustible ya crecen a tasas superiores al 20% anual.
Es de esperar que el “escándalo Volkswagen” represente también una oportunidad para que los fabricantes de motores intensifiquen sus esfuerzos de innovación con tecnologías limpias, como el gas natural, y los importadores automotrices puedan ponerlas a disposición del mercado nacional, tal como está ocurriendo en los países desarrollados.
Con todo, confiamos en que nuestras autoridades harán suyas las propuestas plasmadas en la Hoja de Ruta de la Energía al 2050 y las traduzcan en políticas públicas que apunten al gran objetivo de avanzar hacia una matriz limpia y sustentable, especialmente en el transporte público, donde existe una deuda pendiente que no se condice con la urgente necesidad de mejorar el aire que respiramos todos los chilenos.
