Fomentar una mayor participación del gas natural en la matriz de calefacción residencial y también en el sector del transporte público, como opción a los combustibles tradicionales y más contaminantes, contribuiría a mejorar la calidad de vida de la población. Para que ello sea una realidad, sin embargo, es necesario romper barreras -en particular las referidas a temas regulatorios- que entraban la mayor penetración del gas natural en sus diferentes segmentos de uso.

Las principales trabas son las siguientes:

En el ámbito residencial: existen asimetrías regulatorias que dificultan e imponen mayores costos no solo a la conexión de hogares sino que también a la instalación de nuevos artefactos en viviendas que ya están conectadas a la red.

En el ámbito del transporte: existe una distorsión tributaria que favorece el uso del diésel, el combustible vehicular más contaminantes de todos. Esta inequidad impositiva, en la práctica, le hace imposible al GN ser una opción competitiva en el transporte público.
Las principales fuentes responsables de la contaminación en Santiago son la combustión de leña para fines de calefacción y el uso del diésel en el sector del transporte.

El gas natural es una energía limpia, su principal fortaleza. Por lo tanto, su mayor participación en la matriz energética contribuiría a la descontaminación atmosférica de las ciudades, reduciendo las emisiones de material particulado (MP), óxidos de nitrógeno (NOx) y óxidos de azufre (SOx), todos agentes nocivos que contaminan el aire y afectan la salud de la población.

El gas natural no solo aporta a la descontaminación atmosférica de nuestras ciudades. En su uso para calefacción residencial, también contribuye a reducir la contaminación al interior de los hogares (la denominada “contaminación intradomiciliaria”) por sus mínimas emisiones, sobre todo de partículas finas respirables, aportando a una mejor calidad de vida de las personas.

PROPUESTA DE ADECUACIONES REGULATORIAS  

1. En el sector transporte púbico

a. Corregir la distorsión tributaria que fomenta el uso de diésel. Se propone igualar el impuesto específico del GNV con el del diésel, lo que puede ser un importante incentivo a la introducción del gas en flotas de transporte público y flotas comerciales, las que hoy utilizan la alternativa más contaminante de todas, el diesel. Esta simple medida permitiría, a un costo social igual a cero, una competencia equitativa entre ambos combustibles, incentivando la introducción de un energético más limpio. En efecto, incorporando los rendimientos de ambos combustibles se estima que el impuesto específico del GNV debiera reducirse desde 1,93 a 1,2 (UTM/Mil m3), lo cual permitiría mayor competencia y equidad entre el diésel y un combustible ambientalmente amigable, como es el caso del GNV.

b. Introducir incentivos a la diversificación de la matriz de energías en el sistema de transporte público capitalino. La preparación de las bases asociadas a la licitación de 2017 es una oportunidad para estos efectos. Por ejemplo, establecer mayores plazos de concesión y puntajes adicionales para acceder a las nuevas licitaciones a aquellas flotas que reduzcan emisiones de los contaminantes de manera significativa y permanente (especialmente de MP 2.5, que es el más dañino para la salud de la población), reconociendo de manera explícita los beneficios de introducir tecnologías limpias en fuentes móviles.

c. Crear Zonas de Bajas Emisiones, cuyo fin sea reducir el nivel de contaminantes atmosféricos en zonas de alta congestión vehicular en que, por ejemplo, se están excediendo largamente las concentraciones de MP, NOx u otro tipo de contaminantes criterio definidos en los planes de prevención y descontaminación ambiental (PPDA). En países como Alemania, desde hace varios años los vehículos deben disponer de certificados de emisiones especiales para poder ingresar al centro de las ciudades, con el fin de proteger la salud de las personas.

d. Del mismo modo que el nuevo PPDA de la RM propone cupos exclusivos de 5% para inscripción de nuevos taxis eléctricos, se propone incrementar este cupo a 10% para las distintas tecnologías de baja o cero emisión (gas natural, híbrido y eléctrico).

2. En sector residencial

a. Trámite e inscripción de cambios en instalaciones de gas
Descripción del problema: La normativa exige declarar nuevamente una instalación interior completa cuando se instala un nuevo artefacto en una instalación de gas existente o bien se cambia de ubicación. Solo se exceptúan de esta obligación aquellos casos en que el calefactor nuevo es de potencia inferior a 3,5 kW o el trazado de la extensión de la tubería es inferior a 1 m (DSE–66/07 Art. 90º). Lo anterior constituye una barrera de entrada para los artefactos a GN, por el mayor costo administrativo asociado (en contraste, para la instalación de calefactores a leña o a kerosene no existe obligación de declarar).

Además, antes de la vigencia del actual Reglamento en el sistema de declaración electrónica de la SEC existía la posibilidad de declarar solo la “modificación” de la instalación (a través del Anexo B). Ahora se debe declarar a través del formulario electrónico TC–6, que es el mismo que se utiliza para declarar una instalación interior nueva, por lo que “el sistema” exige asumir la responsabilidad no solo del trabajo de instalación del artefacto nuevo sino del estado del resto de la instalación (calefón, cocina, ventilaciones en otros recintos, etc.). Esto, en la práctica, se ha transformado en una gran traba para la instalación de calefactores a GN y de otros gasodomésticos (como secadoras de ropa, parrillas, calentadores de espacios exteriores, etc.), con el consiguiente perjuicio que ello significa para las empresas.

Propuesta de solución:

Hace 5 años AGN presentó a la SEC una propuesta normativa para resolver la situación descrita, esto es, simplificar y reducir el costo de las modificaciones a las instalaciones interiores de gas, sin afectar la seguridad de las mismas. Esta propuesta, además, busca evitar las instalaciones en forma irregular y riesgosa. La proposición de AGN forma parte de las modificaciones reglamentarias pendientes de oficialización por parte de la SEC.

b. En relación a políticas públicas que avancen en la regulación de la leña como combustible y que se traspasen a los distintos agentes privados los costos sociales de su utilización, se propone los siguiente:

i. Cumplir con lo establecido en el documento “Política de uso de la Leña y sus derivados para calefacción”, del Gobierno de Chile (año 2015), el que propone, expresamente, “elaborar y enviar proyecto de ley al Congreso, durante 2016, que declare la leña y sus derivados como combustible sólido derivado de la madera, que aborde institucionalidad, organismos acreditadores, normativas aplicables, insfraestructura necesaria y herramientas de apoyo que permitan aplicar la ley”.
ii. Implementar sistemas de certificación de toda la cadena de la comercialización de la leña, como ocurre con cualquier combustible. Obligar a los comercializadores a invertir y certificar su proceso para vender solo leña seca.
iii. Involucrar a la SEC y a la División de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía en los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para implementar un sistema de certificación de emisiones de calefactores para distintos tipos de combustibles a nivel nacional.
iv. Comercialización solo de equipos que cumplan estrictas normas de emisión de material particulado.
v. Fiscalización del incumplimiento de los temas anteriores, ya que hoy a nivel de organismos públicos no existe capacidad de supervisión de las medidas.
vi. Promover políticas intersectoriales (que involucren a los ministerios de Energía, Salud y Medio Ambiente) que difundan entre la población el concepto de “contaminación intradomiciliaria”, así como las medidas que la autoridad adopte para resguardar la salud y el bienestar de la población en este ámbito.